El Gobierno nacional en sus distintos aparatos promueve actividades de socialización de sus proyectos de ley en organizaciones civiles, actores fundamentales, entidades empresariales y estratos gubernamentales, pero queda en ausencia la participación de pueblos indígenas.

El día 9 de Junio de 2026 se llevó a cabo, en Cochabamba,  la socialización del  proyecto de “Ley Nacional de Preservación, Fomento y Puesta en Valor de los Sistemas Alimentarios y la cadena Productiva de la Gastronomía Boliviana”  impulsada desde el Viceministerio de Gastronomía  con la participación de entidades gubernamentales a nivel municipal, empresas privadas, representantes de entidades comerciales, académicos universitarios,  productores agrónomos, pequeños emprendedores y ONGs. 

La ley tiene como  finalidad hacer la regulación mediante un marco normativo la gestión de los sistemas alimentarios mediante la creación de categorías conceptuales e instituciones con el fin de fomentar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y  por sobre todo, él turismo gastronómico en territorio boliviano.  

La reunión tuvo como objetivo realizar mesas de  trabajo iniciando con  la disertación  de aspectos claves de la ley por parte de los representantes  del Viceministerio. Posteriormente se realizó una lectura en profundidad de cada uno de los acápites de la Ley, y se abrieron momentos que permitieron plantear observaciones, correcciones y comentarios de los asistentes invitados.  

Pese a que se reconoce la intención  de entidades de gobierno por incentivar la participación popular en los proyectos de leyes, tanto la ley como la actividad de socialización tiene la ausencia clara de la participación de actores desde los pueblos indígenas. Situación que se podría entender por difícil transpirabilidad que vive el país, debido a los bloqueos. 

Es necesario  hacer hincapié en la necesidad de que los pueblos indígenas tiene el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada estable en la Constitución Política del Estado, y la omisión en su cumplimiento es ir en contra de los propios principios que fundamentan la CPE. Un aspecto central es que, el turismo está íntimamente ligado a una interacción y posible afectación directa a los territorios de los pueblos indígenas. 

La ley en sus acápites, regula el registro de patrimonios alimentarios, la regulación de sectores alimentarios que pueden ser denominados como puntos turísticos, entidades de promoción en investigación, cuantificación y promocion de datos de interés alimentario, además de generar beneficios a sectores de importancia en la cadena alimentaria. Aspectos que se vinculan directamente a los modos de vida de los pueblos indígenas, siendo que la participación de estos pueblos dentro de la Ley no está tipificada más allá de la mera mención.  

Aspectos como el registro de patrimonios alimentarios, no tipifica los modos de registro en consideración de colectivos comunitarios civiles. La promoción de paisajes alimentarios en sus modalidades turísticas no incluye métodos ni mecanismos de prevención para que los territorios indígenas no se vean afectados en caso de cercanía,  siendo además que pese a que sea sabido que los modelos agroecológicos de producción manejado por lo pueblos indígenas sean los más óptimos en cuanto a preservación de biodiversidad, sostenibilidad y menor riesgo de afectación al ecosistema, no se hace menciones particulares hacia los modelos y prácticas existentes como parte de los saberes indígenas. 

Es importante reiterar qué, la falta de socialización y la ausencia de mecanismos de consulta previa libre e informada en la elaboración de normas que afectan de manera directa o indirecta a los pueblos indígenas a nivel Bolivia, ha generado, protestas, pronunciamientos y  conflictos sociales debido a la lucha de los indígena por salvaguardar sus tierras, sus modos de vida y sus usos y costumbres, siendo que la omisión en cuanto a la participación jurídica termina siendo un atentado los derechos indígenas y a la pluralidad que promueve la CPE. 

El gobierno desde sus aparatos de gobierno, muestra un claro interés en una forma de gobierno enfocada en los beneficios hacia las corrientes empresariales, capitalistas y liberales, pero se hace siempre y permanentemente el llamado de incluir a los pueblos indígenas dentro de sus normativas  para así asegurar puntos de vistas alternativos y enriquecedores de políticas más inclusivas.